La eventual sanción del Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación aparejará importantes modificaciones al régimen de la responsabilidad civil.

Como primera medida, corresponde advertir que el Proyecto no sólo tiene previsto unificar los aspectos civiles y comerciales del régimen actual de la responsabilidad civil, sino también reunir bajo un mismo instituto a la responsabilidad que deriva tanto del incumplimiento contractual como aquella que surge por la violación de la ley.

El Proyecto también propone la incorporación legislativa de varios principios generales que importarán una modificación relevante al régimen actual.

En efecto, la acentuación del principio de la buena fe, la profundización en la reglamentación del ejercicio abusivo de los derechos, la primacía del interés general sobre el individual, y la instauración del principio de la prevención del daño (evitación del mismo y de su agravamiento) por sobre el de la indemnización posterior, habrán de tener un efecto muy significativo sobre las distintas relaciones jurídicas.

Como hemos mencionado, se pretende unificar la regulación de la responsabilidad de origen contractual y extracontractual, exigiéndose el cumplimiento de los mismos requisitos y uniformando varias soluciones (prescripción, extensión del resarcimiento, etc.), aunque se dejan a salvo unas pocas diferencias.

En cuanto a los requisitos tradicionales de la responsabilidad civil, el Proyecto recoge la posición de la jurisprudencia que sostiene que la antijuridicidad existe siempre que se viole el deber genérico de no dañar a otro.

Según el Proyecto, en ausencia de norma expresa, el factor de atribución será subjetivo: la culpa. Aunque, por otro lado, se puede afirmar -en líneas generales- que el Proyecto propone una ampliación del número de situaciones que de modo expreso quedarán regidas por la responsabilidad objetiva (responsabilidad por actividad riesgosa, por incumplimiento de una obligación de resultado, por daños causados en forma grupal, etc.).

Asimismo, más allá de la calificación del tipo de responsabilidad (objetiva vs. subjetiva) resultará muy relevante sobre este aspecto, la facultad que se le reconoce a los jueces de distribuir la carga de la prueba entre las partes del proceso.

El daño mantendrá su clasificación tradicional de patrimonial o extrapatrimonial, pero con ciertas incorporaciones expresas, como la pérdida de chance.

También se recoge legislativamente la concepción de la reparación plena (se reparan las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, salvo excepciones), se amplía la lista de los legitimados activos para reclamar daño moral en ciertos casos, se prevé la innecesariedad de la prueba del daño en ciertas hipótesis (daño presumido o que surge notorio de los hechos), y se proponen fórmulas objetivas para su cuantificación en casos de incapacidad.

Con respecto al último de los requisitos de la responsabilidad civil, se propone incorporar definitivamente a la teoría de la causalidad adecuada, recayendo la carga de la prueba de la relación de causalidad sobre la persona que alega su existencia (salvo presunción o imputación legal).

Como hemos anticipado, se prevé un plazo único de prescripción de tres años para las acciones judiciales para la indemnización de los daños derivados de la responsabilidad civil, sin hacer ningún distingo entre si la misma proviene del incumplimiento de una obligación legal o contractual.

Dicho plazo de prescripción comenzará a correr el día en que la prestación se torna exigible, es decir, desde que queda expedita la acción. Se suspenderá por seis meses como consecuencia de la interpelación fehaciente (en la actualidad es un plazo anual), y se interrumpirá por cualquier petición que se haga en sede judicial que demuestre la intención del acreedor de mantener viva la acción (no solamente por demanda propiamente dicha).

Dentro de la función preventiva o disuasiva que se le pretende otorgar al nuevo régimen de la responsabilidad civil, merecen ser mencionadas la «sanción pecuniaria disuasiva» y la acción judicial para prevenir la producción de un daño.

La aplicación de la primera de ella pretende limitarse exclusivamente a casos de afectación de derechos de incidencia colectiva. Además, a diferencia de otros institutos similares, en este caso se deja en claro que debe tratarse de daños ocasionados con dolo, no se fija un límite máximo a la sanción, y se autoriza al juez a darle el destino que mejor considere.

En cuanto a la acción preventiva judicial, no se exige más requisito que la producción de un daño sea previsible para que un juez pueda intervenir y ordenar medidas de hacer o no hacer, según el caso.

Por último, la reglamentación en el Proyecto de ciertas situaciones contractuales, y de algunos de los derechos de los consumidores, también impactará sobre el régimen de la responsabilidad civil que pudiera surgir de aquéllas.